Avance de los antiderechos en Salta 
Avance de los antiderechos en Salta

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) creó una diplomatura para evitar abortos legales.

A través de un comunicado la Red de Cátedra en Universidades Púbicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto (RUDA) manifestaron su preocupación por la reciente creación de la diplomatura denominada «Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto» de la Universidad Católica de Salta. 

En diálogo con Radio Gráfica, Malena Lenta, coordinadora de la Red RUDA e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito contó que el espacio de formación está dirigido a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, derecho, educación, orientación familiar como así también, agentes de pastoral y de familia, ONG que trabajan con mujeres y público en general. En relación al programa remarcó que propone temas como el milagro de la vida y cuenta con un enfoque moralista como la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo, el embarazo inesperado, el derecho a la vida, la contención a la mujer, los cuidados perinatales y la aplicación de políticas públicas.

La coordinadora de RUDA manifestó que algunas de las y los docentes que forman parte de la diplomatura son personas reconocidas públicamente como antiderechos como es el caso de Carlos Cristian Franco, médico del Hospital Público Materno Infantil y miembro del grupo antiderecho Profesionales por la Vida de Salta, la psicóloga Rosario Recondo y la magister María Marta Luque, quienes integran el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, espacio que surgió en febrero de 2005 por pedido del Arzobispado de Salta, entre otros. 

“Algunos han sido denunciados y condenados por interrumpir procesos donde mujeres solicitaban la interrupción del embarazo, sabemos cómo actúan, muchas veces interponen denuncias falsas por parte de familiares o ex parejas intentando limitar el acceso a la interrupción del embarazo”, detalló Lenta. 

Es importante recordar que la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entró en vigencia el 24 de enero del 2021 y establece los estándares que deben seguir los y las profesionales, los equipos e instituciones de salud y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. Todo el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. 

La norma dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica. No requiere adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia.

Desde RUDA hacen un llamado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que revise esta situación y convocan a la Red Interuniversitaria por la igualdad de Género y contra las violencias (RUGE) para que haga visible esta situación.

“Esto nos muestra cómo todavía en las universidades la educación sexual integral no es un contenido transversal (…) esto hace que sea moneda corriente que distintos profesionales se formen y no tengan una perspectiva de salud integral sexual, de derechos o se hable del aborto desde la criminalización”, agregó Lenta. 

En el comunicado además dan cuenta de la imperiosa necesidad de exigir al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el nivel universitario, con perspectiva de género y de derechos. “Desconocer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida, así como también, obligar a las personas a gestar y a parir es violencia y no deben ser contenidos formativos en ningún nivel educativo”, señala. 

“Están formando profesionales para vulnerar derechos (…) es un equipo que no se apoya en la normativa hoy conquistada sino todo lo contrario”, concluyó Lenta.

2023-03-17 16:00:00
Categoría: Educación
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