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El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dio inicio al juicio oral en la causa conocida como “Megacausa Zona 5 (Ayala)”, el octavo que se realiza en la localidad y el mayor debate realizado hasta ahora en la provincia de Buenos Aires por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Los 38 acusados son juzgados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, robo de bebés y delitos contra la integridad sexual cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la organización H.I.J.O.S. de Bahía Blanca. En representación de la Secretaría estuvieron presentes el director Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos, Federico Efrón, la abogada querellante Mónica Fernández Avello y Daniel Fortunato, integrante de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que acompaña y notifica a testigos, familiares y sobrevivientes.
Durante la primera jornada de debate, los representantes de la fiscalía, Miguel Ángel Palazzani, José Alberto Nebbia, Pablo Fermento y Paula Molini, leyeron el requerimiento de elevación a juicio y comenzaron a reconstruir los hechos de los que fueron víctimas 334 personas durante el terrorismo de Estado.
La audiencia se realizó de manera mixta. En una pequeña sala de los tribunales estuvieron presentes los jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca —Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido—, la fiscalía, las querellas y una de las defensas, acompañados por una pequeña cantidad de público. Los imputados y la mayoría de los defensores lo siguieron a través de la plataforma Zoom; y el público en general pudo ver la retransmisión a través de YouTube y de pantallas colocadas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Como se trata de una causa que fue elevada a juicio a partir de 2015, y en atención a las edades de testigos e imputados, las querellas realizaron un pedido para que se amplíe la cantidad de horas semanales de audiencia y así poder acelerar los tiempos del juicio. Hasta el momento ya fallecieron 13 imputados; en tanto que otros dos fueron apartados por problemas de salud y no podrán ser juzgados.
Las querellas también solicitaron que las audiencias se realicen de manera presencial y que el Tribunal se constituya en el aula magna de la UNS, lugar donde se realizaron los juicios anteriores por crímenes de lesa humanidad y que cuenta con el espacio necesario.
La causa
Los fiscales reconstruyeron las estructuras militares que operaron en la región y el funcionamiento del circuito represivo que dependía del Comando V Cuerpo del Ejército, que abarcó el sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las personas secuestradas en diferentes localidades fueron llevadas en su mayoría a los centros clandestinos de detención “La Escuelita”, ubicado en el predio del V Cuerpo, y “el Gimnasio”, del Batallón de Comunicaciones 181, previo paso por comisarías locales.
Los 38 imputados son ex integrantes del Comando V Cuerpo del Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181 y la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén. También se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía Bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
Dos de los acusados fueron además profesionales de la salud del Ejército, Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de realizar la atención médica de las víctimas de “La Escuelita” para prolongar su cautiverio y los tormentos que sufrieron. Otros 12 de los imputados también deberán responder por un caso de abuso sexual sobre una mujer que se encontraba secuestrada en el Batallón de Comunicaciones 181.
Fuente: argentina.gob.ar
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