El lugar donde el gobierno provincial intenta levantar la construcción de la nueva ciudad judicial en un predio que formaba parte del ejército (Alto Padilla). Durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri este predio fue cedido a la provincia de Jujuy. Ese mismo lugar, es un predio que cuenta con mucha información clave para reconstruir la historia ya que ahí, en ese predio se hallaron restos del cuerpo de una persona desaparecida durante la última dictadura militar.

Las organizaciones de DDHH son las encargadas de llevar la petición y la denuncia correspondiente para frenar el avance de maquinarias de construcción en el predio hasta que no se realicen todos los trabajos de prospección y excavación para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, ya que hay pruebas documentadas que antes y durante el terrorismo de Estado se utilizó ese predio para el enterramiento clandestinos de las víctimas.

Eva Arroyo militante de la organización H.I.J.O.S de Jujuy conversó con Radio Gráfica y contó cuál es la situación que se vive en la provincia hoy en relación a este tema.

“Mediante un trabajo de investigación, a partir de una serie de testimonios se armó una causa en el juzgado federal N° 2 que tiene como el fin una investigación para la recuperación de los restos. Hemos trabajado y charlando en reuniones con los representantes del gobierno donde se explicó cuál era el trabajo minucioso que había que hacer en el sitio para recuperar restos. Pero el gobierno hizo la estrategia y presentó en otro juzgado una expropiación del predio”.

La particularidad del caso radica en la competencia que tiene el juez en las causas de investigación y en la de expropiación para dar continuidad a la construcción de la ciudad judicial. Mientras que en el juzgado N°2 el juez Esteban Hansen autoriza los trabajos de excavación para recuperar información valiosa para la reconstrucción de la historia nacional, por otro lado, también en el juzgado N° 1 fue el encargado de autorizar el inicio de las obras de construcción.

“El tiene conocimiento de los movimientos que hay en relación a este gran negocio inmobiliario y la pretensión de gobierno, nosotros las organizaciones tuvimos voluntad política de tramitar lo necesario, de hacer los trabajos bien, nosotros no tenemos problema en que se levante la ciudad judicial siempre y cuando se acaben con los trabajos de prospección si hay que hacer de excavación , inclusive habíamos planteado pedir la tecnología Lidar (tecnología de datos topográficos) , que es una tecnología de avanzada”.

El problema principal es que desoyeron la medida inicial de no innovar, no realizar actividades de construcción en el predio, sumado a que subieron maquinarias pesadas de dos o tres toneladas cada una al terreno, lo que podría ocasionar compresión en la tierra y dificultar el trabajo de radares de geo localización de restos.

Frente a esta situación las organizaciones presentaron una denuncia ante la fiscalía federal.

“Ese sitio es la fibra más sensible, son sitios donde hay que trabajar, el Estado tiene una deuda con los y las familiares, el Estado provincial y el Estado nacional, porque en Jujuy solo se ha recuperado un resto. Los otros jujeños y jujeñas que han sido identificados como el caso de mi padre, ha sido identificado en otras provincias”, declaró Eva.

Desde los organismos de derechos humanos, en su descargo sostienen que “los sitios de memoria son lugares donde funcionaron Centros clandestinos de detención, tortura y Exterminio, donde sucedieron hechos criminales del terrorismo de estado que hoy se juzgan, son pruebas fundamentales para los juicios de lesa humanidad”.

“Si realmente quisieran trabajar, si fuera una política de estado, sobre todo provincial debe allanar el camino de la reparación, del derecho al duelo, tenemos mucha urgencia, es una necesidad imperiosa de alguna manera de reparar ese daño y poder ejercer el derecho al duelo,” señaló Arroyo.

Las denuncias ya están realizadas, las organizaciones alerta y atentos en la defensa de la memoria, queda en manos de la justicia responder frente a las necesidades y derechos que tienen de las familias, que tiene la sociedad en su conjunto.

Escuchá la entrevista Denuncian que el Gobierno de Jujuy pretende destruir sitios de enterramiento protegidos

Fuente: Radio Gráfica.

Aldana Barrionuevo

Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Televisión (ISER)y Community manager.