Este sábado 23 de septiembre a partir de las 15 hs. realizará en la Estación Fluvial de Tigre el encuentro...
Hace algunos días se dio a conocer un monitoreo federal que muestra la falta de capacitación en género de las personas que integran el Poder Judicial. Resulta importante recordar y resaltar que la Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, las provincias y los municipios. Con esto quiero señalar que la ausencia de capacitación no se debe a la falta de tiempo sino que es una decisión política por esta parte del estado que es la Judicial que tiene por función ni más ni menos que hacer que se cumpla con las leyes y paradójicamente es la que menos las cumple, no da explicaciones y tampoco es elegido por el voto popular.
Este informe recientemente publicado fue realizado entre varias organizaciones y señala que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública, aquí encontramos a Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur; el 17% directamente no respondió, guardando silencio luego de vencido el plazo y son Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan. Además el 46% de las provincias respondieron de manera parcial e incompleta; en dos de las provincias (8%) respondió el organismo de aplicación, indicando que no tenían competencias sobre la información del poder judicial.
Hace unas horas me enteré que el poder judicial de Tucumán luego de las manifestaciones feministas condenó a perpetua a Facundo Guerrero por el femicidio de Ana Ríos, la estudiante de veterinaria que vivía en San Miguel de Tucumán. Ésta fue una clara conquista de la lucha de las compañeras que se movilizaron para dar a conocer y cuestionar el accionar patriarcal del sistema. Los reclamos y pedidos de reforma de la justicia se dan en diferentes ciudades de todo nuestro país porque los fallos y procesos carecen de perspectiva de género justamente también por la falta de capacitación.
El pasado jueves 17 de agosto en Tierra del Fuego también hubo una gran manifestación impulsada por agrupaciones feministas en solidaridad con a Carla Kirstein, una madre víctima de violencia de género a quien no le permitían que se traslade con su hija menor de edad a Chaco. Ella como tantas otras madres tuvo que exponer su historia en las redes sociales para sentirse protegida y conseguir ayuda. Durante la manifestación de la que Carla participó se pudieron ver distintas consignas en los carteles y en los cánticos: “reforma judicial feminista”, “paridad en el Poder Judicial”, “patrocinio gratuito para víctimas de violencia”, una “fiscalía especializada en casos de violencia” y que “investiguen a este funcionario judicial”.
«Tierra del Fuego tiene la tasa más alta de femicidios teniendo en cuenta la cantidad de habitantes (…) hay muchos chicos huérfanos al ser sus madres asesinadas por los progenitores, no es una realidad distinta que el resto del país la que vivimos acá», contó María José Pazos, integrante del Movimiento por Paridad de Tierra del Fuego.
Un dato que es muy importante y pasa desapercibido para gran parte de la sociedad es que en el año 2020 el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación envió una carta al entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, intimando a coordinar una fecha para cumplir con la capacitación destinada a las máximas autoridades. Como respuesta, los integrantes (todos varones) de la CSJN emitieron la resolución 2143/20204 mediante la cual sostuvieron que “en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la Nación, las actividades de sensibilización y capacitación con relación a la ley 27.499 se llevan a cabo por la Oficina de la Mujer a través del Taller de Perspectiva de género y de los otros talleres y actividades diseñadas por dicha dependencia”.
«El agravante es que el poder judicial que tenemos convive permanentemente con el poder político, ésta es la provincia más joven del país en donde hay muchas mañas heredadas de haber sido territorio nacional donde las cosas pasaban en Ushuaia y se terminaron decidiendo en Capital Federal», contó Pazos.
En el 2021 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó el Mapa de Género de la Justicia Argentina. Este informe presenta la cantidad de mujeres y varones que ocupan los distintos rangos del escalafón judicial en cada una de las jurisdicciones del Sistema de Justicia y de los Consejos de la Magistratura de la Nación y provinciales. (Ver el informe completo aquí)
«El Poder Judicial tiene un claro techo de cristal para las mujeres, en la base de la pirámide hay paridad casi el 50% de empleados varones y mujeres pero eso yendo a la punta de la pirámide se achica, no tenemos muchas mujeres que lleguen a altos cargos, de hecho tenemos un Superior Tribunal de Justicia que debería estar integrado por 5 personas, hay un proceso de selección abierto desde hace mucho para ocupar ese cargo pero no lo terminan de definir y mientras tanto son 3 integrantes varones y solo una es mujer, estamos subrepresentadas», detallo Pazos.
Sabemos que quienes detentan el poder, el real, no dan explicaciones y un claro ejemplo de esto es el Poder Judicial, nadie los elige, sus fallos van en contra del pueblo pero siguen estando ahí como si no pasara nada. En Tierra del Fuego tampoco dan muchas explicaciones pero como se dice los jueces hablan a través de sus fallos: «Leer los fallos deja en claro que no cumplen ni siquiera con lo que publican y exigen, hablan de perspectiva de género, de sentencias con un lenguaje claro, de acceso a la justicia pero nada de eso que transmiten a través de sus redes sociales o página se cumple puertas adentro, ni para los empleados que sufrimos situaciones de violencia institucional y menos se cumple para con el justiciable, quien recurre muchas veces en última instancia a pedir que lo ayuden a solucionar un problema determinado», contó Pazos.
El reclamo de reforma judicial transfeminista es nacional, sabemos que las instituciones o muchas de ellas ya han quedado obsoletas y según indican especialistas este no es un problema de la legislación sino también de la interpretación y aplicación de las normas que hay en el país. En la actualidad los números indican que por cada mujer que logra denunciar violencia hay 9 que no pueden hacerlo. «Hace 18 años que soy empleada judicial, formo parte del sindicato de empleados judiciales de TDF, conozco las entrañas del poder judicial, la capacitación que se da es totalmente insuficiente, es un paquete de la oficina de la mujer de la CSJN que es anterior a la sanción de la ley micaela, eso es lo que el poder judicial le brinda como capacitación», dijo Pazos
Desde la colectiva feminista presentaron ante la legislatura y gobierno provincial notas solicitando que en el tratamiento de los próximos presupuestos puedan formar parte de la discución para que en la provincia, en cada uno de los municipios tengan perspectiva de género y estén atravesados por la lupa violeta. Además desde el movimiento de paridad realizaron un foro provincial y presentaron un proyecto de ley porque Tierra del Fuego no tiene ley propia de paridad aunque tengamos una norma a nivel nacional.
*Al cierre de esta nota, luego de la manifestación del pasado miércoles el Juez de Familia autorizó a que Carla y sus hijas viajen a Chaco. Es importante señalar que esto fue gracias a la presión de la colectiva feminista de Tierra del Fuego y a la reprecusión que tuvo el caso a nivel nacional que posibilitó que las autorizaran a viajar y alejarse de la violencia de Guzman.
Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Tv (ISER), estudiante de Lic. en Letras (UBA).
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