Es por el incumplimiento de la Ley de Sitios de Memoria de Terrorismo de Estado la cual garantiza la preservación de los espacios.

La destrucción del sitio de memoria se produjo durante la refacción que lleva adelante el gobierno provincial en el Cabildo Histórico, donde funcionó la jefatura de la Policía jujeña. La agrupación H.I.J.O.S. (@hijosjujuy) denunció al Gobierno jujeño por no preservar un ex centro clandestino de detención.

Son tres las denuncias que tiene hasta ahora el gobierno provincial jujeño por faltar a la preservación de los espacios de la memoria. La primera se realizó en octubre del año pasado, cuando pasaron las topadoras en el ex centro clandestino Comando Radioeléctrico que está ubicado en la central de policía, que es parte del Cabildo histórico.

La segunda denuncia se efectuó sobre un predio del ejército en el que había una media de no innovar. Allí se hallaron los restos de Dominga Álvarez Scurta (detenida el 26 de mayo 1976), no se recuperaron los restos de otra persona desaparecida, pero se sospecha que se puedan encontrar más datos en el lugar. Se trabajaba en un proyecto de prospección, un trabajo en estaciones o posibles excavaciones, con un equipo de arqueología de la universidad y el equipo de antropología forense. Y justo allí, en este lugar, el gobierno provincial quiere hacer un emprendimiento inmobiliario y pasaron maquinaria de 3000 kg destruyendo pruebas importantísimas para la reconstrucción de los hechos.

Y la última y más reciente denuncia se realizó por la destrucción de un bloque de habitaciones del ex centro clandestino comando radioeléctrico, solo quedaron dos en pie. “En razón de esto, fue la primera denuncia por la demolición y la denuncia de la semana pasada. En medio de las negociaciones, entre comillas, para la presentación vino la gente de la dirección de sitios en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el asesor jurídico de la secretaría para poder allanar el camino. Para poder avanzar sobre la preservación de los cimientos que habían dejado y ahora terminaron destruyendo los cimientos también”, contó Eva Arroyo miembro de Hijos Jujuy a Radio Gráfica.

Según lo establecido por la ley de sitios para cualquier actividad que se desarrolle o implemente en el dicho espacio de memoria, se debe coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el área de promoción de derechos humanos. La denuncia que hacen desde las organizaciones precisamente es esa, se iniciaron trabajos de reforma edilicia sin darle parte a las organizaciones de derechos humanos.

El poder judicial en Jujuy viene acumulando severas denuncias vinculadas a posibles intereses políticos. En el marco de la causa por la preservación de los sitios de memoria está cuestionada la competencia que tiene del juez Esteban Hansen que en el juzgado provincial N°2, autoriza los trabajos de excavación para recuperar información valiosa para la reconstrucción de la historia nacional, mientras que en el juzgado N° 1 autoriza el inicio de las obras de construcción.

“Es un juez que está cuestionado, hemos tenido una reunión desde que asumió en este nuevo proceso y las causas están absolutamente detenidas. Pero los expedientes donde está involucrado el gobierno y sus intereses inmobiliarios, él está presente, activo y mueve para que se resuelva rápido con tal de liberar el camino a Morales para que haga su negocio inmobiliario, para eso es eficientísimo”, expresó Eva.

Con el juez Hansen de licencia, el juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio está a cargo de la causa, ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción del lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico”.

“El asesor legal del Ministerio de infraestructura, no quería acatar la orden porque decía que había una orden del juez anterior que les había permitido seguir con las obras, pero en ningún momento les permitió destruir los sectores que estaban a preservar y con esta resolución Bavio hizo lo que Hansen no hizo todo este tiempo, decirles que no pasen maquinaria a 5 metros del lugar perimetral (dos lugares) y detener la obra específicamente en esos lugares”, declaró Eva Arroyo.

Frente a todas las denuncias presentadas y el avance hacia la destrucción de los sitios de la memoria la Secretaría de Derechos Humanos de la nación se presentó como querellante en la causa. Lo que sucede en Jujuy no sucedió en ninguna parte del país, es la primera vez que un gobierno provincial tiene una denuncia penal por incumplimiento de la ley de sitios.

“Esto ya no tiene reparación, sobre lo que hicieron en el centro, pero la justicia tiene que reparar las injusticias y tiene que dejar jurisprudencia sobre esto. Porque cuando alguien comete un delito como este, es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, transgredir una ley es un delito penal y debe quedar como antecedente para que no vuelva a suceder en el país”, concluyó Arroyo.

Fuente: Radio Gráfica

Aldana Barrionuevo

Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Televisión (ISER)y Community manager.