Este sábado 23 de septiembre a partir de las 15 hs. realizará en la Estación Fluvial de Tigre el encuentro...
El pasado 11 de agosto las organizaciones Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de la Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Abosex, Abofem Argentina y Cladem Argentina presentaron el “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal».
El objetivo de este informe fue conocer el estado de situación de la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito del Poder Judicial e instar la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana.
«Desde el año pasado nos venimos reuniéndonos para debatir entorno a la reforma judicial, hicimos un mecanismo de participación ciudadana, el pedido de información pública a todos los poderes judiciales de todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver cómo se ha aplicado la ley, sabemos que es de cumpliento obligatorio, nos interesaba saber qué sucede en los poderes judiciales ya que como sabemos es el menos democrático», contó Marina Gudiño, integrante de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir en Desde El Barrio por Radio Gráfica.
La Ley Micaela promulgada el 10 de enero de 2019 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
El monitoreo muestra que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur; el 17% no respondió, guardando silencio luego de vencido el plazo: Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan; el 46% de las provincias respondieron de manera parcial e incompleta; en dos de las provincias (8%) respondió el organismo de aplicación, indicando que no tenían competencias sobre la información del poder judicial.
«A nivel federal nos encontramos con que la Corte Suprema de Justicia ha decidido autocapacitarse lo cual tambien va en contra del principio republicano que es el control entre poderes, ha rechazado ser capacitado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que es el organismo encargado», detalló Gudiño.
Las consecuencias de la falta de capacitación en género en el poder judicial podemos verlas reflejadas en las distintas denuncias y reclamos que realizan los feminismos en todo el país: Denuncian falta de perspectiva de género en la justicia tucumana; Un sistema colapsado y patriarcal: el Poder Judicial de Santa Fé; Chaquetazo: Garantizar derechos nos es delito; Justicia por Arcoíris: cuando la víctima se convierte en victimaria
«El Poder Judicial es patriarcal, clasista, con muchas características que hacen que muchas de las políticas públicas en las que hemos avanzado no se vean reflejadas en las sentencias y sobre todo en los procesos que atraviesan mujeres y diversidades», expresó Gudiño.
El Monitoreo evidencia con datos lo que desde los feminismos venimos reclamando en las calles hace mucho tiempo, el poder judicial es deficitario y patriarcal, urge una reforma transfeminista. A nivel federal el informe muestra que hay retraso en el diseño, planificación e inicio de los talleres de formación superior en las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. En relación al dictado de cursos sólo el 25% de las provincias han completado todos los módulos de al menos una cohorte. Y en lo que respecta al personal capacitado, menos del 25% del personal del Poder Judicial de las provincias de Catamarca, Mendoza y Tucumán se encuentra formado en género.
«Pedimos una reforma estructural, no tiene sólo que ver con el resultado final sino con el proceso, con el acceso a la justicia, que es algo que puede caer cualquier persona, en tener que atravesar un proceso, el poder judicial está encriptado, sucede que a las personas a veces les cuesta entender en qué situación están como ciudadanos y ciudadanas frente a un poder que poco se sabe», dijo Gudiño.
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Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Tv (ISER), estudiante de Lic. en Letras (UBA).
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