Un fiscal pidió que le entreguen información de personas que abortaron en hospitales
Un fiscal pidió que le entreguen información de personas que abortaron en hospitales

«Tucumán como siempre dando la nota sobre los eventos del horror y la justicia no acompaña para nada», dijo Noelia Aisama, abogada e integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM).

A raíz del anuncio de unos vecinos del barrio Los Positos sobre el hallazgo de un feto el fiscal Carlo Sale ordenó al sistema de salud público (Siprosa) que entregue las historias clínicas de personas que hayan accedido a una interrupción del embarazo en la fechas del 30 y 31 de agosto del 2022. «A nuestro entender esto significa una invitación a la comisión del delito de violación del secreto profesional y además como es un funcionario comete el delito de violencia institucional en los términos de la ley 26485», explicó Aisama.
La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales se sancionó el 11 de marzo del 2009. En Argentina además contamos con un marco jurídico que nos respalda como pacientes del sistema sanitario «la ley 26529 en su artículo 2 habla de los derechos a la intimidad, a la privacidad y conficialifad (…) Cometer una violación al secreto profesional es un delito penal, está configurado dentro del código penal, existe un marco normativo que lo respalda también en el articulo 5 de la 27610 y en el plano internacional por ejemplo contamos con la Convención Americana de Derechos Humanos que también habla del derecho a la conficialidad», agregó la abogada.
Desde los feminismo señalan que en estos pedidos por parte del poder judicial se pueden observar prejuicios, un cierto sesgo de clase ya que además el pedido de información es al sistema público excluyendo al privado «como que hay una persecución sanitaria pública» resaltó Aisama.
En Tucumán hay dos antecedentes relativamente cercanos en el tiempo sobre la violación al secreto profesional, en ambos el personal de salud entregó el historial sanitario a la policía. «Los conservadurismos siguen persiguiendo a las mujeres por eventos obstétricos que en muchos casos son naturales, espontáneos (…) a qué costo vamos a criminalizar a las mujeres, nos ponen en la dicotomía de recibir atención sanitaria o caer en la cárcel«, señaló la integrante de la ONG Mujeres x Mujeres.
Uno de los pedidos más resonantes de los últimos tiempos es la formación en perspectiva de género para los integrantes del Poder Judicial que en su mayoría pero no en su totalidad son hombres. En este sentido a mediados de agosto de este año se realizó un monitoreo federal que lo que muestra es la falta de capacitación en este sector del Estado que imparte eso que llamamos justicia. Es bueno recordar que la Ley Micaela se promulgó a inicios del 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Si bien la abogada señaló que en Tucumán aún hoy se dan noticias sobre «eventos del horror y más con la justicia que no acompaña» destaco que el sistema de salud público allí ha garantizado el acceso a ILE e IVE «somos la cuarta provincia que más derechos garantizo (…) Hicimos un pedido de información pública especialmente al programa de salud sexual donde nos informaron cual era el registro sobre el acceso y sorpresivamente Tucumán en 2021 garantizo 4100 abortos sin distensión en IVE/ILE. Eso es porque tenemos un personal de salud que se compromete y garantiza los derechos, podemos decir que en término de fortalecimiento a las políticas públicas sanitarias vamos bien», concluyó Aisama.

2022-09-16 16:00:00
Categoría: Poder Judicial
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