Guatemala: la movilización popular logró derogar una ley discriminatoria que fomentaba el odio
Guatemala la movilización popular logró derogar una ley disciminatoria que fomentaba el odio (1)

Avances y retrocesos en relación a la participación política y adquisición de derechos de mujeres y diversidades en Latinoamérica.

En este último tiempo se puede observar una tendencia de ampliación de derechos sociales y económicos de mujeres y del colectivo de la diversidad en la región. La marea verde en Argentina logró luego de muchos años de lucha en las calles que en la actualidad contemos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en Chile el gabinete presidencial de Boric está compuesto mayoritariamente por mujeres y en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció a las infancias trans, por solo mencionar algunos de los avances en materia de derechos humanos en la región.

Pero como es sabido los derechos se defienden todos los días en las calles, un claro ejemplo de esta frase que suena a slogan es lo ocurrido el pasado 8 de marzo en Guatemala. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el Congreso aprobó con 101 votos de los 160 diputadxs la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual entre otras aberraciones y retrocesos. Las manifestaciones de lxs ciudadanxs y asociaciones nacionales y extranjeras en rechazo a la norma obligaron a dar marcha atras esa medida.

«La ampliación de derechos también tiene resistencias de sectores conservadores que suelen organizarse en el marco de acuerdos políticos para consolidar sus posiciones y restringir estos avances. La norma no favorece sino que restringe los derechos lo de las mujeres y diversidades. La iniciativa surgió de un bloque conservador, fue presentada por el partido de Visión con Valores, de derecha y acompañada con las firmas de ciudadanos y ciudadanas», explicó Dolores Gandulfo, especialista en relaciones internacionales, miembro de la Red de Politólogas y Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), en el programa Desde el Barrio por Radio Gráfica.

Organizaciones sociales y abogadxs independientes presentaron objeciones al decreto 18-2022 por ser anti jurídico e inconstitucional ya que viola una serie de derechos establecidos en la Constitución, tratados y convenios internacionales a los que Guatemala adscribe.

«La normativa ampliaba la condena por aborto a 10 años, prohibía la educación sexual integral en las escuelas, reformaba el código civil impidiendo el matrimonio igualitario y limitaba las adopciones monoparentales. Éstos son los cuatro ejes principales que van en contra de Convención Americana de los Derechos Humanos», detalló Gandulfo.

El 9 de marzo, al día siguiente de la aprobación, el gobierno declaró a Guatemala “Capital pro vida de Iberoamérica” y celebró el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, pero gracias a la movilización popular a las pocas semanas el Presidente tuvo que pedir que deroguen la Ley.

«La ley tuvo un gran apoyo en el Congreso lo que muestra el conservadurismo pero en las calles hubo una gran movilización como respuesta a esta norma (…) hay una fragmentación política en Guatemala, un gobierno sin apoyo ciudadano y sin mayorías parlamentarias en un marco de un proceso electoral que busca adhesiones en sectores conservadores, algo que todos los partidos están tratando de hacer», señaló la especialista en relaciones internacionales.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, indicó que «es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”. En este sentido Gandulfo señaló que organismos internacionales informaron que en el 2021 en Guatemala hubo 65.000 niñas y jóvenes menores de 19 años embarazadas producto de violaciones. «No es una ley sino un desarrollo de políticas públicas conservadoras y de restricción de derechos», concluyó la Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.

2022-03-23 18:00:00
Categoría: Matria Grande
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