El femicidio de Lucia Pérez ocurrió el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, en el 2018 se dio la sentencia de ese primer juicio y los acusados quedaron absueltos. A partir de ese momento inició la lucha por parte de la madre y el padre de Lucia que dio como resultado  esta nueva instancia. En este segundo juicio lo que se busca y espera es que se haga una investigación desde la perspectiva de género en todo lo que implicó la muerte de la joven marplatense.

Los jueces a cargo de la causa son Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, del Tribunal Oral en lo Criminal 2, ubicado en Almirante Brown al 2046 de Mar del Plata. Los imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, se encuentran en prisión por la pena a ocho años que se les había impuesto por tenencia y venta de drogas durante el primer juicio, en el que quedaron absueltos por el abuso sexual y el femicidio.

En diálogo con Radio Gráfica, Adriana Vicente, titular de la Dirección Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires contó que lo que se observo es que hubo una parcialidad total en la intervención de los magistrados “incuso generó la intervención de la comisión bicameral de enjuiciamiento y tanto Viña como Urso que fueron los jueves que intervinieron en ese juicio están suspendidos y hay un jury”.

Es importante señalar que de los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, que habían comenzado a investigar el femicidio y que absolvieron a los acusados, fueron suspendidos para ser sometidos a un jury en una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El tercer juez que abordó el caso, Aldo Carnevale renunció para jubilarse. El 14 de marzo de 2023 se conocerá la sentencia del jury.

En relación al proceso judicial Vicente dijo que se estima que tendrá una duración de 15 días y que esperan que en este proceso se cumpla con la investigación respetando el protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), lostratados internacionales a los cuales ha adherido nuestro país y teniendo en cuanta las formas de investigación en los casos de muertes violentas de mujeres.

“Es bueno recordar el impacto social que tuvo este acontecimiento, fue el que generó el primer paro de mujeres que fue masivo y que trascendió además a nuestro  país, tuvo impacto e incidencia a nivel internacional”, detalló Vicente.

En este nuevo  juicio, el fiscal es Leandro Arévalo y en la primera audiencia declaró  la mamá de la adolescente, Marta Montero, su padre Guillermo Pérez y el hermano de Lucía, Matías Pérez. La familia de Lucía es representada por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piemarini; en tanto que Farías contará con la defensa oficial de Laura Solari y mientras que César Sivo lo representará a Offidani.

La titular de la Dirección Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género relató que desde la creación del ministerio acompañan a los familiares de Lucia en todo el proceso y también en otras intervenciones que se hicieron como la muestra itinerante “El cuarto de Lucía”

“Sabemos que son acciones que necesitamos reforzar, darle visibilidad y continuidad (…) esas muertes tan injustas trascienden a todo lo que implica el ámbito familiar, afecta a todo el entramado social por las particularidades que tienen esos homicidios, es importante también y lo promovemos desde el ministerio generar esa memoria colectiva que nos permita pensar en la reparación pero también en la prevención de las violencias por motivos de género”, agregó.

Consultada por los motivos que generaron la visibilidad e impacto del femicidio de Lucia consideró que es difícil pensar que hubo una acción concreta ya que se han dado una serie de factores e intervenciones que permitió mostrar y dar trascendencia al caso en particular. Además señaló que el impacto social permitió la revisión por parte de la comisión y la suspensión de ambos jueces.

“Todas las intervenciones que hacemos desde el minsterio son para promover una sociedad más justa, más equitativa, para poder trabajar en función de las brechas de género, de las distinciones, de las desigualdades de poder que son problemáticas estructurales”, concluyó Vicente.

Por su parte, la familia de Lucía viene impulsando la “Campaña Nacional Somos Lucía”  que esta integrada por diferentes colectivos para reclamar justicia y realiza actividades con el objetivo de exigir la reforma del poder judicial. A su vez, brindan asesoramiento a quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género y acompañan a familiares de víctimas de femicidios.  

María Laura Morales

Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Tv (ISER), estudiante de Lic. en Letras (UBA).