Este sábado 23 de septiembre a partir de las 15 hs. realizará en la Estación Fluvial de Tigre el encuentro...
Pasó hace pocos días, pero quedó allá a lo lejos en el tiempo, tapado por una catarata de shows informativos, el femicidio de Cecilia en Chaco en el cual se investiga a candidatos del espacio político de Capitanich en medio de las PASO, antecedido por la represión a docentes autoconvocadxs en Salta y las masivas manifestaciones del pueblo de Jujuy que se sostuvo en el tiempo y fue (y es) brutalmente reprimida por la policía de Gerardo Morales. La ciudad de Buenos Aires está acostumbrada a la violencia institucional, aquí es casi moneda corriente la represión policial como herramienta para disuadir un reclamo ciudadano: sean docentes, enfermeros o haya niñxs, tanto en la calle como en un hospital psiquiátrico. Bien a contramano de lo que decía Evita para Larreta donde hay un lote nace un negocio inmobiliario amigo, ya sea que el inmueble esté ocupado por familias para uso social, funcione un bar histórico del barrio donde trabajadores durante la pandemia resistieron y subsistieron como Por ejemplo «Kowalski» también en el barrio de Almagro, que una vez vendido por sus dueños fue demolido y espera con los pastos altos que sea vendido o también como el jardín maternal lindero a Casa Pringles.
El sábado 18 de junio, mientras la ola polar llegaba a su máxima crudeza, alrededor de las 5 de la madrugada, a las patadas, la policía de la ciudad de Buenos Aires irrumpió en Casa Cultural Pringles, en el barrio de Almagro donde dormían madres víctimas de diferentes violencias (institucional, de género, intrafamiliar) con sus hijos e hijas que hace tiempo viven en comunidad y gestionan socialmente el lugar.
Es importante señalar que la ciudad que gobierna el PRO hace 16 años no cuenta con políticas públicas para erradicar las violencias y desigualdades sociales, mucho menos las específicas de género. Es más, el mismo Larreta, actual intendente y precandidato a Presidente de la Nación prometió que de ganar las elecciones eliminaría la mitad de los ministerios, no solo los destinados a mujeres y diversidades.
En diálogo con Radio Gráfica, Grabriela Fernández, una de las desalojadas, integrante del colectivo «Yo sí te creo» contó que en Casa Pringles vivían mujeres víctimas de violencia institucional, de género, intrafamiliar y mujeres que han estado en contexto de encierro. Hace ya mucho tiempo que son una gran comunidad, entre ellas se acompañan, «se segundean» y se organizan para que otras personas puedan acceder a derechos básicos que el estado no vehiculiza, como acceso a la salud.
El allanamiento y posterior desalojo fue desproporcionado y desmedido, vallaron la cuadra y enviaron más de 400 efectivos para sacar a 9 mujeres con sus hijos e hijas en plena madrugada invernal. Fue ordenado por la fiscalía N° 19 a cargo de Lorena San Marco y llevaba la firma del juez Alejandro Villanueva.
Fernández remarcó que este inmueble que pertenece a la ciudad tuvo siete intentos de subasta que no tuvieron comprador. Quienes siguen la política habitacional porteña y los reclamos ciudadanos saben que son miles las denuncias en la ciudad por parte de vecinxs de diferentes barrios por este accionar recurrente por parte del gobierno porteño que vende/rifa a grupos amigos terrenos codiciados. El modus operandi es: «declararlos ociosos y así rematarlos para negocios inmobiliarios»
Una de las mamás con mucha angustia y decepción relató que no esperaban este desalojo porque en esas semanas previas se habían reunido con Matías Vitales, director general de la Administración de Bienes para negociar a dónde se ubican las familias que allí vivían.
«Nos habían dicho que era posible que nos reubiquen en otras casas del gobierno de la ciudad y entreguemos Casa Pringles. Estábamos teniendo una mesa de diálogo con la defensoría en lo contencioso administrativo y la administración de bienes», dijo Fernández.
Las opciones que ofrecían a estás mujeres por parte del gobierno porteño fue la calle o la cárcel, no les acercaron muchas alternativas esa madrugada de junio, «nos dijeron: la que no saca sus cosas y se resiste se la va a llevar detenida por resistencia a la autoridad», recordó Fernández.
El accionar por parte de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, como casi siempre lo es, fue violento con las madres (ante la mirada de los niños y las niñas) y con las personas que fueron a acompañar a las familias detrás del muro de vallas que intentaba alejarlas de la comunidad. Esa mañana hubo funcionarios nacionales que pidieron explicaciones sobre el procedimiento legal y no recibieron respuesta y legisladores y ciudadanos detenidos que luego fueron liberados.
El ofrecimiento que recibieron las madres fue el traslado de las familias a Ciudadela pero esto no fue aceptado porque lxs niñxs están escolarizados en CABA, «luego de juntarnos entre nosotras dijimos que no (…) Se firmó un acta de compromiso entre funcionarios de la ciudad y abogados para encontrar una solución», explicó Fernández.
Mientras les sacaban sus cosas a la calle, a los niños y niñas les llevaron una bolsa del gobierno de la ciudad con alfajores y barritas de cereales, una de las nenas les dijo «no quiero eso (las golosinas) yo quiero dormir en mí cama».
Lic. en Comunicación Social con orientación en Periodismo (UNLP), Locutora Nacional de Radio y Tv (ISER), estudiante de Lic. en Letras (UBA).
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